Hacia mediados de los años noventa del siglo pasado, parecía que los miles de insumisos declarados hasta el momento molestaban a los militares, de modo que se modificaron las leyes para llevarlos al código penal común y corriente, y así que los militares se vieran fuera de las penas de cárcel y de inhabilitación a que aquellos jóvenes eran condenados.

Fue entonces cuando dentro del MOC se pensó que debíamos reconducir la denuncia para que no solo la política o los juzgados civiles se vieran interpelados, sino que, puesto que el aparato militar también era un agente al servicio de este neoliberalismo en que aún seguimos, debíamos volver a meterlos en el juego: si se nos castigaba por no querer hacer la mili o su subornidada prestación sustitutoria, el aparato militar no era ajeno al asunto.

Así, tras unos meses de aparente indecisión, por fin unos cuantos jóvenes de diversas procedencias del estado español nos reunimos en Madrid para ver cómo podíamos llevar a cabo de manera sencilla y contundente, pero también midiendo las posibles represalias, una acción que pudiera poner ante la opinión pública que para nosotros el ejército y su próxima incorporación plena en la OTAN, la gestión de las Directivas de Defensa, el gasto militar confesado y oculto, la participación de España en misiones militares en el extranjero, todo ello, y mucho más, era un problema de primera magnitud para la convivencia pacífica, y queríamos provocar un debate público sobre Alternativas de Defensa que primaran la educación, la sanidad, la solidaridad, el encuentro, la diversidad, la accesibilidad, la inclusión o la paz.

Así, y tras algunas bajas y altas, decidimos que a principios de marzo de 1997 se presentaría la Insumisión en los Cuarteles en Madrid, conformada por varios jóvenes que, en vez de no acudir a la llamada a filas, se presentarían en los cuarteles, firmarían y saldrían de allí tan pronto como fuera posible, convertidos en desertores que se negaban a volver. Aquí sugerí que se esperase hasta finales de marzo, ya que era posible que alguna persona tuviera su puesto en la Infantería de Marina, cuya incorporación en marzo pero después de la fecha señalada para la presentación. Se decidió continuar con la fecha prevista. Me tocó en Infantería de Marina.

De modo que mientras yo entraba en el cuartel y no podía salir en una semana, mis compañeros se presentaban en Madrid y eran ampliamente ignorados por la mayoría de los medios de comunicación.

Lo demás es historia. Aquellos cerca de 30 insumisos cuarteleros fueron desfilando por juzgados varios a lo largo de los siguientes tres años y condenados casi unánimemente a 2 años y 4 meses de prisión en la prisión militar de Alcalá de Henares.

Finamente, y tras un curioso periplo en que un par de juzgados militares de este estado moderno disputaban acerca de mi espíritu para decidir quién debía juzgarme, y más tarde mientras aprovechaba cualquier momento para presentarme como desertor en diversos cuarteles, plazas y oficinas, amén de un juicio bastante surrealista en que el tribunal, la abogada asignada para mi defensa y yo mismo solicitábamos penas diferentes, hallé hospitalidad militar entre febrero del año 2000 y octubre de 2001, momento en que salí en condicional para volver a Pucela City y dedicarme a mis cosas y otros menesteres.

En enero de 2002 se suspendió el Servicio Militar Obligatorio por falta de efectivos –aunque ahora mister Ansar quiera apuntarse el tanto–. El último insumiso preso en la cárcel militar salió de la misma en junio de 2002, seis meses después de que la mili acabara.

Creo que en algún momento recibí una carta en que decía que mi delito ya no existía. Debió ser dos o tres días después de que mi condicional hubiera terminado.

Mientras estaba en la cárcel, las Torres Gemelas fueron devastadas y el Pentágono atacado. No cabía duda de que nuestra lucha había fracasado y no se levantará todavía durante décadas.